El sector está permanentemente sometido, no sólo al escrutinio de sus clientes, sino también de los reguladores estatales. En consecuencia, un gobierno corporativo sólido y aplicable que mitigue riesgos reputacionales, una clara orientación a la eficiencia y calidad de los procesos y la introducción de prácticas que garanticen la adecuada gestión tanto de clientes como de reguladores son prioritarios.